La privacidad y la seguridad en Internet podrían
encontrarse muy pronto bajo control internacional. El próximo 27 de febrero (Hoy) en
la ciudad suiza de Ginebra se iniciará una negociación diplomática que podría
llevar a un nuevo tratado que daría a la
ONU poderes sin precedentes en Internet.
En caso de ser aceptada, la propuesta acabaría
con la Regulación
de las Telecomunicaciones Internacionales, que está en vigor desde 1988, cuando
114 Estados firmaron el acuerdo en Australia con el fin de facilitar la interconexión
y la interoperabilidad global de la infraestructura de telecomunicaciones, y
promover la eficacia y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones
internacionales.
Según reitera el diario norteamericano 'The Wall
Street Journal', la medida se debe a que actualmente muchos regímenes se
sienten amenazados por los opositores que pueden contar con una red en su
búsqueda de una vida política libre y abierta, por lo que decenas de países
están presionando a la organización para renegociar el tratado para antes de
finales de 2012.
Medidas ‘escalofriantes’
El periódico enumera solo algunas de las
propuestas que califica de "escalofriantes" y que podrían ser
aprobadas en la conferencia planeada en Dubái, Emiratos Árabes, en diciembre de
este año.
Así, el acuerdo permitiría a las empresas
extranjeras de telefonía cobrar por el tráfico ‘internacional’ de Internet, tal
vez incluso por cada clic en ciertas web, con el objetivo de generar ingresos
para las compañías de telefonía estatales y arcas públicas.
Además, el tratado impondría unas regulaciones
económicas sin precedentes, como las instrucciones relativas a las tarifas,
términos y condiciones para el tráfico, actualmente sin regular.
Entre otras medidas también se prevé establecer
por primera vez entidades de gestión de la Red, tales como la Corporación para la Asignación de Nombres y
Números de Internet, un organismo sin ánimo de lucro que coordinaría todas las
direcciones de Internet del mundo.
Hace poco más de un mes, los representantes de 22 países de la Unión Europea
firmaron en la ciudad de Tokio el Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones
(ACTA, por sus siglas en inglés), que propone fijar la protección de la
propiedad intelectual a nivel internacional y supone multas e incluso
encarcelamiento por infracciones. El hecho conmovió a la comunidad
internacional hasta tal punto que varios Gobiernos incluso tuvieron que
anunciar la paralización del proceso de ratificación.
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